En México, los indígenas debaten sobre elecciones: investigadora de la UDEM

Los foros de consulta con comunidades indígenas de América Latina coinciden en cuanto a avances y frustraciones –especialmente a la hora de proteger el medio ambiente de sus territorios–, pero México genera un tema especial para el diálogo entre etnias y Estado, que lo distingue del resto de sus vecinos: el interés por la participación política.

Este fenómeno ha sido estudiado por Claire Elizabeth Grace Wright, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, quien, al seguir de cerca los diferentes procesos, en 2014 dio con la resistencia indígena a un proyecto de reestructuración distrital, que dividiría sus comunidades.

El caso, que es muy mexicano, no lo he visto en América Latina, por eso me fascina, porque sabemos que en México, la política gira alrededor de las elecciones de una forma que en ningún país he visto: las elecciones en este país tienen una importancia increíble”, afirmó.

En 2014, hubo un proyecto que implicó que el Instituto Nacional Electoral contemplara la redistribución de distritos electorales, de acuerdo con diferencias demográficas, esto es, de crecimiento de población.

“Pero hubo un caso en Oaxaca en el que los indígenas dijeron que los cambios en los distritos les iban a afectar, por lo tanto, tenía que haber una consulta”, relató la politóloga.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó al INE una tesis de jurisprudencia diciendo que cada vez que se tomara una decisión que afectara a los indígenas en un tema electoral también tenían que hacer consulta, de acuerdo con Wright.

“El INE se puso las pilas en 2016 y pasó por un proceso de consulta en todos los estados de la República sobre la redistritación electoral; asistí a todo el proceso de consulta en Sonora y estoy revisando toda la documentación sobre los acuerdos e informes sobre las consultas, hice entrevistas en la Ciudad de México con las autoridades electorales sobre eso”, comentó.

La investigadora de la UDEM estudia diferentes casos de foros en el continente para identificar los factores que influyen para que esos procesos tengan mayor o menor éxito, sobre todo en la satisfacción de los indígenas: “bajo qué contexto, en qué circunstancias, puede haber una consulta eficaz”.

“Hay mucha desconfianza por parte de los indígenas en México hacia el Estado y pasa en toda América Latina: hay una desconfianza histórica”, advirtió.

Esto proviene de una dificultad que ha caracterizado las negociaciones entre comunidades y Estados: la falta de validación del derecho a veto, que les otorgan los tratados internacionales de las instancias de la Corte Interamericana.

“Por mucho que haya una consulta, los pueblos indígenas tienen derecho a veto, en principio deberían poder decir que no quieren tal proyecto en su territorio, pero en la práctica y de acuerdo con la costumbre no pasa eso, ni en México, ni en Perú ni en Colombia, es muy difícil que un pueblo indígena pare un proyecto, porque son inversiones muy grandes”, expuso.

Agregó que la consulta se prevé para que, antes de empezar proyectos, se sienten con la comunidad, se le informe y se tomen decisiones al respecto.

“Si acaso, lo que yo veo en la práctica, lo que pueden hacer es ajustar los términos, ver el impacto medioambiental, ajustar un poco el proyecto y ver qué beneficios tendrían ahora ellos, pero frenarlo es muy difícil”, sostuvo.

El motivo de las consultas varía y puede abordar cualquier tipo de materias a lo largo de América Latina, pero, sobre todo, de proyectos extractivos: minería, parques eólicos, gasoductos, porque cruzan los territorios indígenas.

Anteriormente, llegaba la empresa, de la mano del gobierno, y hacía el proyecto y no pasaba nada, pero de repente los indígenas protestaban porque eran sus territorios”, narró.

Sin embargo, no solamente se trata de una afectación ambiental, sino cultural, porque para ellos ese territorio tiene un significado espiritual: “hay un aspecto cultural muy fuerte, la vida en la comunidad se desarrolla sobre ese territorio”.

La doctora en Procesos Políticos Contemporáneos y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es especialista en diversos aspectos de la política latinoamericana, incluyendo los movimientos sociales, los conflictos socioambientales, los poderes de emergencia y la participación política de los pueblos indígenas.

Además, ha colaborado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cooperación Española como consultora externa. ​