Denuncian persistencia de violencia estructural contra indígenas migrantes

• Presentan artículo de investigación durante el seminario ¿Somos ciudadanos… continuidad o reconfiguraciones sociopolíticas de personas indígenas en la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara? en la Universidad de Monterrey.

“El marginalismo integral (hacia el indígena) del que se hablaba a mediados del siglo XX sigue estando presente en el siglo XXI, aunque probablemente la lógica es distinta: la dicotomía zona urbana-zona rural ya se desdibujó, los procesos migratorios van provocando desigualdades económicas y políticas”, manifestó el investigador José Fredman Mendoza Ibarra.  

El profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey reveló que, de acuerdo con informantes clave de la zona metropolitana de Monterrey, “hay una fuerte resistencia para reconocer y responsabilizarse con respecto al tema (…) no se quiere reconocer los derechos civiles, políticos, económicos de las personas indígenas (…) hay una suerte de violencia estructural por parte de instituciones gubernamentales, educativas y de la sociedad en general”.

Mendoza Ibarra participó en el Primer Seminario Permanente de Ciencia Política ¿Somos ciudadanos… continuidad o reconfiguraciones sociopolíticas de personas indígenas en la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara?

Durante el evento, organizado por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM y que se desarrolló durante el mediodía de este miércoles, Mendoza Ibarra realizó la presentación de su artículo académico La construcción de ciudadanía en mujeres indígenas migrantes de las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, ¿continuidad o reconfiguración sociopolítica?, publicado en la Revista Encuentros (julio-diciembre de 2020), a partir de una investigación financiada por Conacyt.

El trabajo académico fue realizado en conjunto con Zaida Carolina Martínez Arreola, investigadora de la UDEM; y Kate del Rosario Rodríguez Alejandro, de la UANL.

En el seminario, también participaron Ana Lilia García Cortez, integrante del colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Pilar Adame de la Fuente, estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza de la UDEM; y Dalia Selene Machuca Mata, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Derecho de la UANL.

Asimismo, expusieron sus reflexiones Juana Alberta Juárez Duarte, promotora de Derechos Indígenas de la Subsecretaría de Desarrollo Integral Comunitario de la Sedesol Nuevo León; y Patricia Fernández Guajardo, directora del programa académico de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza de la UDEM. 

Mendoza Ibarra afirmó que la investigación académica en general se está preocupando mucho por lo inmediato y está descuidando el porvenir; al hablar de inclusión, se pierde de vista que primero “se tiene que reconocer la diferencia”.

“Nosotros nos dimos cuenta de que no podemos hablar de inclusión cuando no hay reconocimiento (…) la desigualdad económica promueve la desigualdad de corte político”, destacó.

En su exposición, el catedrático de la UDEM señaló que México tiene más de 52.4 millones de personas en pobreza, que representa el 41.9 % de la población total; y 8.4 millones de personas indígenas viven en situación de pobreza, casi el 60 % de la población indígena total.

Esto no es casualidad, significa que hay estructuras que están provocando eso: no existe una igualdad de condición; no podemos hablar de ciudadanía como si todos pudiéramos ejercer los derechos de manera igual”, indicó.

El Doctor en Ciencia Política afirmó que las estructuras urbanas que acogen a la migración –que son “estructuras patriarcales o coloniales”– traen consigo discriminación, racismo, exclusión y rechazo, y que es posible reconocer este problema en su sentido más amplio a través de tres variables: el aspecto de género, el étnico y el de clase social.

“Este marginalismo integral lo podemos reconocer en una triple opresión: se discrimina por ser indígena, por ser mujer y por pertenecer a una clase social desfavorecida”, especificó.

Agregó que Nuevo León es la entidad federativa con el mayor aumento de población indígena en términos porcentuales: más de 400 mil personas se autoadscriben como indígenas, según el INEGI en 2015, mientras que Jalisco tiene una comunidad indígena de origen y migrante: más de 900 mil personas se autoadscriben como indígenas, según la misma fuente.

Mendoza Ibarra convocó a las autoridades a combatir la discriminación a través de permitir la apropiación de espacios públicos: “el derecho a la ciudad es algo importante, porque permitirá dignificar el trabajo, la cultura y disminuir procesos de exclusión y discriminación”.  

En su intervención, García Cortez exhortó a reflexionar sobre problemáticas como la interseccionalidad de ser mujer, indígena y de clase baja, que tiene que ver con el reconocimiento a la ciudadanía.

“A nosotras, como mujeres, se nos señala todo el tiempo el ‘aprender a ser mujer’, a ser esposa, a cuidar a sus hijos y no a tener otros espacios hacia donde crecer; como que ya está escrito lo que va a ser tu vida, pareciera como que estamos programadas a tener ciertos papeles, tanto en la comunidad como si nos salimos de la comunidad (…) y, al ser mujer e indígena, se te cruzan estas problemáticas y señalamientos”, destacó.

Por su parte, Juárez Duarte estableció que las mujeres transitan de una zona rural a una zona urbana para mejorar la calidad de vida, de acceso a la educación, a la salud y al trabajo, pero que, en este contexto migratorio, el traslado resulta un choque cultural.  

La activista hizo notar la falta de compromiso del Gobierno para apoyar el campo: “si hubiese estas oportunidades en nuestras comunidades, probablemente seríamos muchas menos las personas que saldríamos de nuestros lugares de origen”.