Pide armonizar derecho a la salud y derechos políticos para 2021

Samuel Hiram Ramírez Mejía, profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, analiza los desafíos para las elecciones del próximo año, especialmente, los presupuestos, los acuerdos políticos, las medidas de protección sanitaria y el impacto de la pandemia en la participación ciudadana.

Pese a que los organismos electorales están preparados para las elecciones que se avecinan el próximo año, es necesario reconocer que existe mucha presión para ellos, porque organizar los comicios en tiempos de pandemia será un reto complicado, especialmente en términos presupuestarios, de acuerdo con Samuel Hiram Ramírez Mejía.

El profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey calculó que tan solo el presupuesto para el proceso electoral en Nuevo León podría incrementarse hasta en un 30 % respecto a las últimas votaciones, sin contar las extraordinarias de Monterrey.

“Es una obligación de los órganos electorales proteger la salud, por lo tanto, hay que proteger a los funcionarios de casilla, a los representantes de partidos en casilla, a los ciudadanos que se están capacitando previamente y a los votantes que asistan sin cubrebocas, puesto que es una obligación del Estado proveerlos”, aseguró.

Por eso, para el especialista en temas políticos y electorales, existen tres desafíos que deberán enfrentarse de cara a 2021: armonizar y proteger la salud y los derechos políticos, ofrecer una comunicación efectiva y clara para toda la ciudadanía y gestionar el apoyo político para ajustar la normatividad necesaria, incluida la asignación de los presupuestos.

En Nuevo León, el primer domingo de junio del próximo año estarán en juego alrededor de 600 cargos de elección popular, entre alcaldías y regidurías de los 51 municipios, 42 diputaciones locales y el ejecutivo estatal, aparte de los puestos federales.

A nivel nacional, estarán contendiendo por alrededor de 20 mil cargos y, en 14 estados, habrá procesos por la gubernatura local, para lo cual se calcula la puesta en funcionamiento de más de 130 mil casillas, como lo hubo en 2018.

Ramírez Mejía subrayó que será un desafío hacer conciencia de que el derecho a las elecciones y el derecho a la salud son derechos humanos y que, en un contexto global, el dilema que los países han enfrentado es mantener la fecha –a pesar de la pandemia, teniendo extremas medidas de precaución para evitar contagios– o posponer los procesos electorales.

No es una decisión nada sencilla la de suspender o posponer el día de la elección; si bien coadyuva en el tema de minimizar o mitigar las cuestiones de contagio, por otro lado, abre una posibilidad de inestabilidad política”.

En cambio, mantener la fecha, si bien refuerza la estabilidad, requiere mayores esfuerzos de los organismos electorales, lo cual tiene un impacto en la mitigación del contagio, pero exige un mayor presupuesto.

“Me parece que la decisión que está decantándose, al menos en nuestro país, es que las elecciones son esenciales para la democracia y que tienen que armonizarse con el derecho a la salud de las personas”, indicó.

MÁS PRESUPUESTO… ¿Y MENOS PARTICIPACIÓN?

Pese al incremento en el gasto que se generará debido a las medidas de seguridad por la contingencia sanitaria, es latente el riesgo de que la participación ciudadana disminuya, como ya hay experiencias internacionales, entre ellas, el caso de las municipales en Francia en julio pasado, que tuvo una asistencia de la cuarta parte del electorado.

“Una elección en la que haya poca participación no genera una legitimidad democrática, aunque haya elecciones formales”, expuso el catedrático.

Ramírez Mejía señaló que, si el riesgo existe aun en elecciones normales, los procesos en medio de una pandemia implican mayores retos, incluso para integrar las casillas, por la falta de confianza de la propia ciudadanía.

“El segundo reto es comunicar efectivamente con la verdad sobre la situación de la pandemia y las medidas que se hayan tomado para el proceso electoral, para que la ciudadanía esté segura de ejercer su derecho político en condiciones de seguridad y para que se proteja también su derecho a la salud”, expuso.

Por otra parte, el profesor de la UDEM destacó que, debido a que los presupuestos son aprobados en los Congresos por representantes electos de partidos políticos, es necesario el apoyo de ellos para obtener una mayor legitimidad en las elecciones.

(Los legisladores) tienen que asumir que organizar las elecciones en medio de una pandemia, con las reglas que tenemos en nuestro país, costará mucho más”.

OPCIONES LIMITADAS

Ramírez Mejía explicó que en las leyes y la Constitución mexicana está previsto que en periodos previos a las elecciones no es posible hacer reformas a las leyes electorales, lo cual limita la búsqueda de opciones diferentes para el sufragio.

En otros países, se han planteado prácticas como el voto electrónico, el voto anticipado –como en Estados Unidos, donde los ciudadanos pueden votar tres semanas antes–, el voto postal –que en México solo se contempla para los ciudadanos en el extranjero– y el llamado “voto de banqueta”, que permite a los ciudadanos votar sin bajarse de su carro, con la ayuda de un funcionario de casilla.

En el caso del voto electrónico, aunque habrá algunas pruebas piloto en dos estados en el país, para el Doctor en Derecho, este sistema está muy lejos de ser operativo al 100 %: “al menos de forma generalizada, en todo el país, será difícil que se implemente”.

“Todas estas medidas, en el caso de México y de las elecciones locales, requieren reformas a la ley, pero ya no es posible, ya pasó el tiempo; (…) nuestro sistema electoral ha sido construido por la desconfianza del sistema político que tuvimos durante todo el siglo XX y las leyes son muy complejas y barrocas; (…) lo que nos queda es, con lo que está establecido en la ley, hay que ser creativos y ajustarnos”, exhortó.

Dentro de un margen de discrecionalidad que pudiera darse, Ramírez Mejía ve la oportunidad de establecer franjas horarias para que voten las personas con mayor riesgo de contraer COVID-19, como las personas mayores de 60 años, con hipertensión, diabetes o sobrepeso.

Comentó que una guía sobre las elecciones en tiempos de COVID-19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugiere horarios especiales para que las personas con mayor riesgo puedan votar en las primeras horas de una jornada electoral. Incluso, el catedrático propuso que se generalice el uso de franjas horarias para toda la población, según el apellido de los votantes, porque lo que se busca es evitar aglomeraciones y mitigar la posibilidad de contagio.

“Sería un ajuste, una restricción a la forma en que votamos, pero se justifica en el contexto de mitigar las posibilidades de contagio”, sostuvo.

Sin embargo, requiere el apoyo unánime de los actores políticos; si no hay ese apoyo en los organismos electorales, las decisiones que tomen estos van a estar deslegitimadas; (…) debería haber un apoyo de partidos políticos, de lo contrario, van a impugnar y eso genera inestabilidad”.