Promueve CIDH prevención de problemas de pobreza, corrupción e inequidad
Créditos: Archivo UDEM
La relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció en la Universidad de Monterrey la conferencia inaugural del Coloquio sobre Responsabilidad Empresarial y Derechos Humanos en su segunda jornada.
En el evento organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UANL y la Universidad de Monterrey, que se realizó el pasado viernes en la Sala del Claustro Universitario, participaron Carlos Basurto Meza, vicerrector de Educación Superior de la UDEM; y Arturo Azuara Flores, director de la División de Derecho y Ciencias Sociales de la misma institución.
En su intervención, Basurto Meza señaló que la responsabilidad social empresarial definitivamente lleva una corresponsabilidad en el ámbito de derechos humanos.
El tema de derechos humanos siempre es importante, (los jóvenes) lo traen dentro de sus intereses, pero cómo cuadrarlo en un día a día y en un contexto de empresa y derechos humanos, que no quede nada más en una operación de una empresa, sino también desde la perspectiva de un desarrollo de una política pública e incorporar mejores prácticas”, indicó.
Por su parte, García Muñoz destacó que la Relatoría a su cargo estará siempre en la mejor disposición para tener diálogos con el sector privado “para tratar de vencer las barreras que existen entre el mundo de los derechos humanos y el mundo de las empresas”.
García Muñoz abundó sobre las “apuestas” de su gestión, entre las que mencionó el enfoque de pobreza y anticorrupción, perspectiva de género y diversidad, continuidad e innovación y las alianzas con diversos sectores, como las universidades.
Lamentablemente, la pobreza tiene cara de mujer: la inmensa mayoría de personas pobres en el mundo son mujeres, que, por la distribución inequitativa de poder históricamente, se han visto más excluidas del acceso a los medios de supervivencia; la perspectiva de género es fundamental”, expuso.
Explicó que la desigualdad estructural y sus intolerables consecuencias en las vidas de millones de personas exige acciones determinantes por parte de la OEA en su conjunto y de su órgano principal en material de derechos humanos: la CIDH.
“Creemos que hay que buscar estrategias antimpunidad, buscar la manera de prevenir esos hechos, y también hay que darle un enfoque más social a la causa contra la corrupción, en el sentido de que pocas veces encontramos estudios empíricos sobre el impacto que tiene la corrupción en las personas que más necesitan de los recursos públicos”, advirtió.
La activista destacó su intención de establecer una gestión participativa, orientada a la articulación y el aprovechamiento de los esfuerzos ya realizados en el sistema, como en la OEA, las universidades, el sector privado, la sociedad civil organizada y movimientos sociales, así como de comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.
La ponente comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó en 2012 una Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero, posteriormente, en 2014, decidió transformarla en una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales.
Después de la conferencia, se desarrolló el panel “El acceso a los mecanismos de reparación”, moderado por Claire Wright, profesora de la UDEM; en el que participaron Ivette González, de Poder; Laura Treviño, de la CNDH; Mario López Carrillo, de FEMSA; y Humberto Cantú Rivera, profesor de la UDEM.
Al evento, también asistieron Marcela Chavarría Chavarría, directora del programa de Licenciado en Derecho; y Rafael Ibarra Garza, director del Departamento de Derecho; ambos de la UDEM.
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